El Defensor del Pueblo Andaluz denuncia el colapso en las citas médicas y laz desprotección de las personas más vulnerables.
El fracaso de la coordinación sociosanitaria deja sin atención adecuada a mayores y personas dependientes.
Viernes, 25 de abril de 2025. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha vuelto a levantar acta de los estragos que la mala gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) provoca sobre los sectores más vulnerables de la población. Lo hace en su informe anual correspondiente a 2024, donde señala una cadena de fallos estructurales que afectan a la Atención Primaria, a la coordinación sociosanitaria y a la salud bucodental, y que están generando “daños irreversibles” en quienes más necesitan de un sistema público eficiente.
Uno de los elementos más alarmantes del informe es el referido al colapso en la Atención Primaria. Según recoge El Libre, las quejas ciudadanas sobre la dificultad para conseguir una cita médica, tanto presencial como telefónica, han persistido a lo largo de todo el año. Los motivos son claros: la falta de facultativos en los centros de salud y consultorios andaluces obliga a derivar a los pacientes hacia canales extraordinarios como las urgencias, lo que desvirtúa el papel esencial de la Atención Primaria y multiplica los riesgos para pacientes crónicos o con afecciones que requieren seguimiento continuo.
Frente a esta situación, la Consejería de Salud y Consumo ha impulsado un plan de “gestión centralizada de demanda” con el objetivo de facilitar citas en un plazo máximo de 72 horas. Sin embargo, Maeztu advierte que esta medida ha reducido el porcentaje de citas reservadas para demandas imprevistas, bajando del 50% al 7%, lo que afecta directamente a la capacidad de respuesta ante urgencias no planificadas. Además, el plan contempla que la consulta no tiene por qué realizarla un médico del mismo distrito, ni siquiera de la misma provincia, sino el profesional disponible en cualquier parte del sistema.
Esta reestructuración, lejos de ofrecer garantías, ha provocado una mayor inestabilidad en la relación médico-paciente, especialmente en zonas como Estepa o la comarca norte de Málaga, donde la carencia de facultativos es crónica. Según denuncian los alcaldes de estas áreas, la constante rotación de profesionales deteriora la confianza en la atención sanitaria y agrava la situación de quienes requieren un seguimiento continuado. Los responsables locales también reclaman la ampliación de servicios esenciales como la dotación de equipos radiológicos, de los que carecen muchos municipios rurales.
A este panorama se suma la falta de avances normativos en el régimen de acceso a puestos de difícil cobertura, cuyo proyecto de decreto sigue inconcluso desde octubre de 2024, pese a su potencial para reforzar la cobertura médica en zonas necesitadas. En paralelo, se han adoptado medidas excepcionales como la contratación de profesionales extranjeros no comunitarios sin el requisito de nacionalidad, algo que, según Maeztu, no resuelve de fondo el problema estructural.
Pero quizá el caso más paradigmático del fracaso institucional en la coordinación sociosanitaria es el relatado en el primer informe analizado por El Libre. Se trata de una mujer septuagenaria, residente en Sevilla, que tras sufrir una caída con fractura de hombro e intervención quirúrgica fue dada de alta sin posibilidad de convalecencia en su domicilio, al tener a su cargo a un hijo con síndrome de Down. Pese a la intervención de los Servicios Sociales y del personal del hospital Virgen del Rocío, no se encontró ninguna plaza adecuada en programas de estancia intermedia, respiro familiar o centros residenciales. Finalmente, fue derivada a un centro concertado sin servicio de rehabilitación, lo que imposibilitó su recuperación funcional y, con ello, la vuelta a su entorno vital y familiar.
Maeztu concluye que este tipo de situaciones reflejan el vacío real de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS) 2024-2027. Aunque dicha estrategia prevé una mejora de la articulación entre servicios sociales y sanitarios, no se ha desarrollado normativamente ni se ha dotado presupuestariamente. En palabras del Defensor, la falta de desarrollo reglamentario y la subordinación a la Ley de Estabilidad Presupuestaria hacen que la EACS sea poco más que un documento sin consecuencias prácticas. Además, recuerda la necesidad de revisar el marco legal vigente y adaptarlo a la Ley de Dependencia y a la normativa nacional sobre coordinación sociosanitaria.
Otro de los puntos que subraya el informe es la situación en la atención odontológica, especialmente en casos que requieren intervención bajo sedación o anestesia en personas con discapacidad. Estos procedimientos no están sujetos a plazos de garantía y dependen de la disponibilidad de anestesistas, quirófanos y personal especializado. Según ha podido saber el Defensor a través de quejas ciudadanas, la espera media es de un año, lo que transforma problemas dentales leves en afecciones graves. Maeztu recuerda que una caries no tratada a tiempo puede acabar en extracción dental, ya que procedimientos como la endodoncia no están incluidos en la cartera de servicios pública. En respuesta a sus quejas, la administración ha reconocido que se trabaja en una ampliación de los servicios de salud bucodental, con previsión de ejecución hasta finales de 2026.
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